La administración de Moreno Valle busca reprimir a la prensa
Por Fermín Alejandro García, Columna Cuitlatlán, La Jornada de Oriente
En los últimos siete meses algunos diputados de la actual Legislatura trabajaron en dos iniciativas para reformar y empatar la Ley de Transparencia del estado de Puebla a la norma que priva en el ámbito federal, además de que existe un tercer proyecto que elaboró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en un sentido similar. Con esos esfuerzos se podía haber iniciado el sexenio demostrando que se tiene voluntad de avanzar en procesos de democratización y de mejorar la rendición de cuentas de parte de los nuevos poderes públicos.
Sin embargo, en lugar de haberse privilegiado la discusión y probable aprobación de una reforma a la Ley de Transparencia, ha quedado claro que al gobierno de Rafael Moreno Valle no le interesa ese tema, y en su lugar busca crear mecanismos para inhibir la crítica y los disensos de los medios de comunicación hacia las decisiones que asuma la nueva administración del Poder Ejecutivo.
Solamente así se puede explicar la intención del Congreso de arrancar el sexenio con el proyecto de modificación de los códigos Civil y de Defensa Social en materia de los llamados "delitos de prensa", cuyo proyecto no fue discutido ni analizado por nadie; es una copia mal hecha de legislaciones que ya existen en la materia, y el asunto se quiere desahogar en menos de una semana, ya que la iniciativa se presentó el miércoles anterior y se busca que hoy sea votado en el pleno del Poder Legislativo.
Este cambio lo que se propone es dejar un amplio margen discrecional para que los jueces puedan imponer elevadas sanciones económicas a los periodistas en lo individual, no a los medios de comunicación, sin que se norme con claridad qué se entiende por daño moral, honor y vida privada. Y el derecho de réplica quede casi igual que como se concibió en la obsoleta Ley de Imprenta que se elaboró antes de la promulgación de la Constitución de 1917.
Con este proyecto, prácticamente el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y los legisladores del PAN, el Panal y el PRD, y tal vez hasta los del PRI, están mostrando el mismo comportamiento errático y autoritario que tuvo Mario Marín Torres al inicio de su sexenio, que llegó con la consigna de acabar con "la crítica mala" –tal como lo dijo en una entrevista a La Jornada de Oriente– y repartir "coscorrones" a los periodistas, de acuerdo a lo que confesó en la conversación telefónica que tuvo con el empresario Kamel Nacif, luego del encarcelamiento de la escritora Lydia Cacho.
De sobra es conocido que los integrantes del actual gobierno del estado han llegado al poder sintiéndose agraviados por la prensa local y con el deseo de vengarse. Y tal parece que el proyecto de reforma a los "delitos de prensa" va en el sentido de querer controlar a los medios de comunicación generando el miedo de que podrían sufrir procesos penales por criticar o disentir con el Poder Ejecutivo.
Al respecto es fundamental hacer las siguientes observaciones:
1. Los problemas de las calumnias y difamaciones, así como la falta de aplicación del derecho de réplica en los medios de comunicación, nunca han sido atendidos por decisión de las fuerzas políticas que siempre han buscado manejar esos temas con discrecionalidad o normas laxas e inexactas, por lo que nunca han generado una discusión seria y profesional de dichos asuntos, tal como ahora está ocurriendo con el Congreso local.
2. Seguramente Rafael Moreno Valle y los otros dos candidatos a la gubernatura que compitieron en el pasado proceso electoral, Armando Etcheverry y Javier López Zavala, sufrieron actos de calumnia y difamación por parte de la prensa local y nacional. Tal es el caso de López Zavala, que de manera falsa fue acusado, mediante un cable de la agencia de noticias gubernamental Notimex, de ser originario de Guatemala. Sin embargo, es preciso dejar en claro que muchos de esos ataques se generan desde las mismas fuerzas políticas que al mismo tiempo se desgarran las vestiduras contra los medios de comunicación.
3. La solución a los abusos que cometen los medios de comunicación no se solucionará cometiendo abusos contra la prensa, ya que si se parte de esa lógica, entonces el país, y en particular el estado de Puebla, en lugar de caminar hacia una mejor convivencia social, democracia y procuración de justicia, seguirá el derrotero de la barbarie y los abusos de poder.
4. Los integrantes del actual gobierno del estado se quejan mucho contra la prensa, a la que acusan constantemente de dedicarse a difamar y especular. Pero también es preciso señalar que Rafael Moreno Valle y sus colaboradores a lo largo de la anterior campaña electoral y en los siete meses del periodo de transición, han mostrado poca disposición de acercarse a los medios de comunicación, de tener interlocutores con periodistas y de brindar información a la opinión pública. Por tanto, han propiciado la especulación y desinformación.
Para muestra cuatro botones: en los últimos dos o tres meses, un grupo de intelectuales demandó información sobre el proyecto de desaparecer la Secretaría de Cultura y se les ofreció respuestas vagas, que nunca definieron las verdaderas intenciones del nuevo gobierno en esa materia. Lo cual fue una burla.
No se sabe con qué criterios se ha decidido entregarle un predio de la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl a la empresa Televisa para que construya un centro de rehabilitación Teletón. Nunca se mencionó el asunto en la campaña electoral de Moreno Valle.
Tampoco se ha ofrecido alguna justificación de por qué la primera fabrica textil de América Latina y que es parte fundamental del patrimonio cultural se entregará a Televisión Azteca.
Ni mucho menos se sabe por qué docenas de cargos en las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo están siendo ocupadas por personas que provienen de otros estados, cuál es el criterio para haberlos contratados y cuánto costará al erario darle fuentes de trabajo a esos hombres y mujeres, que han llegado a Puebla a gastar grandes cantidades en renta de inmuebles y otras necesidades.
5. Muchos de los electores que votaron por Rafael Moreno Valle Rosas supusieron que con su triunfo se avanzaría en la democratización del estado, en la transparencia, en la rendición de cuentas y contra los autoritarismos, además de los abusos de poder. Cada día que pasa, surgen muestras de que el nuevo gobierno no quiere avanzar en dichos temas y solamente busca reproducir los mismos vicios y controles que tenían los anteriores gobiernos del PRI.
Si el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y los nuevos legisladores, principalmente los emanados del PAN, el PRD, el Panal y Convergencia, quieren demostrar que si buscan un cambio positivo para Puebla, este día deben dar marcha atrás al proyecto de reforma a los "delitos de prensa".
Si no lo hacen, pagarán un alto costo político, ya que el electorado se dará cuenta de que no fueron lo que prometieron en campaña.