Investigación de Síntesis pone al descubierto la existencia de "aviadores" en Gobierno de Marín
En pleno proceso de entrega-recepción del gobierno estatal, una investigación del periódico Síntesis revela las primeras irregularidades de la gestión del exgobernador Mario Marín Torres: se trata de "aviadores", quienes cobraban sueldos mensuales que en suma ascendían a 324 mil 889 pesos, y anualmente representaban tres millones 898 mil 668 pesos.
A menos de un mes del inicio de la gestión estatal, se pone al descubierto la práctica de los "aviadores" en tres dependencias del gobierno del estado, entre ellos la madre de Arturo Rueda, directivo del periódico Cambio.
Hasta el momento se tienen detectados 12 casos en la Sedecap, en la Secretaría de Finanzas y Administración y también en el Instituto Poblano de la Mujer, sueldos que suman un monto total aproximado de 3.8 millones de pesos por año.
Documentos en poder de Síntesis revelan las irregularidades en las que incurrieron diversos funcionarios, quienes avalaron la contratación del personal pero no comprobaron que trabajaran o devengaran el sueldo que estaban cobrando.
Las primeras irregularidades
Los primeros casos de personal que presuntamente cobraba sin trabajar son los siguientes: en la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap): Felipe Guerrero Ríos, Evelia Gil Luna, José Ángel Mendoza Gómez.
Destacan también Miguel Ángel Gómez Durán, Leticia Susana Mendoza Cervantes, Arturo Planel Maldonado, Gabriel Guarneros y Mendoza, y Ariatna Stamatiades Rolland.
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), concretamente en el Instituto Poblano de las Mujeres, destaca el caso de Lilia Guadalupe Sánchez de la Vega, madre del directivo del periódico Cambio, Arturo Rueda, cobraba como analista desde octubre de 2007.
Finalmente, hasta el momento se han detectado a tres personas en la Secretaría de Finanzas y Administración: se trata de Ana Romero Vergara, Héctor Castañeda Pascual y María Esther Amezcua López.
Sedecap
Los nueve casos más graves son los correspondientes a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, por la obvia responsabilidad de la dependencia para garantizar el adecuado desempeño de las funciones de los servidores públicos.
En ese caso, los ingresos de los funcionarios son elevados, pues se trata de coordinadores e incluso de un director.
El concentrado de la información en poder de Síntesis revela que Felipe Guerrero Ríos, coordinador general de Evaluación de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Evaluación, cobraba 56 mil 742 pesos con 88 centavos al mes.
El análisis de su caso arroja: lo siguiente "De 2005 hasta al primer trimestre de 2010 no se presentó a laborar, no existe ningún registro de sus funciones, no hay evidencia de documento alguno firmado por él". Y es que desde planes de trabajo, evaluaciones y otros documentos, como memorándum y oficios los firmaban los directores que estaban bajo su cargo. Con ello se demuestra una clara falta al cumplimiento de sus obligaciones, pues delegaba la firma de documentos, presuntamente porque en realidad no acudía a trabajar.
El funcionario ingresó a ese puesto el 16 de marzo de 2005 y fue dado de baja el 31 de enero del presente año, cuando concluyó el gobierno de Mario Marín Torres.
Por otro lado, Miguel Ángel Gómez Durán, director de Normatividad Administrativa, comenzó el 1 de agosto de 2007 y salió el 31 de agosto de 2010 y recibía 41 mil pesos.
Evelia Gil Luna tenía el nombramiento de jefa del Departamento de Análisis y Evaluación de Programas Operativos Anuales, ingresó antes de 2005 y causó baja el 15 de febrero pasado; cobraba 36 mil 179 pesos.
Los comentarios del análisis de su información sorprenden: "Su nombramiento la ubica como Jefa del Departamento de Sistemas y Procedimientos de Evaluación, en 2004. Desde abril de 2010 hasta 31 de Enero de 2011, la comisionan, describiendo su cargo como Jefa de Departamento de Seguimiento a Peticiones Ciudadanas, hacia el C4., "supuestamente" para dar implementación al Siere en esa única dependencia. En su momento, se llamó al C4 para verificar y no supieron precisar qué funciones desarrollaba ahí".
Otro caso que llama la atención es el del sindicalista Arturo Jaime Planel Maldonado, quien estaba asignado a la Oficina del Secretario de Sedecap, desde el 1 de agosto de 2002 y hasta el 31 de julio de 2010, periodo en el cual percibió un sueldo bruto de 27 mil 577 pesos. La descripción del análisis de su situación es "No existe evidencia documental de su actuación y no está dado de alta en el Sistema de Control de Personal (SISCOP)".
Leticia Susana Mendoza Cervantes era analista por honorarios, de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Evaluación, pero resalta su sueldo bruto de 19 mil 176 pesos, es decir, una percepción elevada de acuerdo con su nivel organizacional.
Mendoza ingresó el 1de abril de 2005 y salió el 31 diciembre de 2010 y tampoco se tiene registrada evidencia documental de su desempeño.
José Ángel Mendoza fue chofer desde el 16 de marzo de 2005 y aunque fue comisionado al ayuntamiento de Puebla y al Sindicato, no se encontró en su expediente oficio de comisión.
Otro caso es Ariatna Stamatiades Rolland, secretaria adscrita a la Oficina del Secretario, quien ingresó el 1 de noviembre de 2006 y salió el 16 de octubre de 2010. Percibía un ingreso bruto de 16 mil 658 pesos. Registró asistencia del 23 de mayo al 7 de noviembre de 2007 en la Fiscalía Anticorrupción. "En el sistema de control de personal no existe registro de asistencia, del 8 de noviembre de 2007 al 15 de octubre de 2010", señala el documento.
El último caso de la Sedecap es el de Gabriel Guarneros y Mendoza, quien estaba adscrito a la Dirección de Recursos Financieros del 16 de marzo de 2005 al 31 de agosto de 2010, con una percepción de 10 mil 804 pesos. Igualmente, no existe evidencia documental de su actuación ni está dado de alta en el Sistema de Control de Personal (SISCOP).
Instituto Poblano de las Mujeres
Lilia Guadalupe Sánchez de la Vega Ramos era analista del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) desde el 1 de octubre de 2007. Dejó de laborar el 31 de enero de 2011 y cobraba 24 mil 552 pesos al mes. Es mamá del director del periódico Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, y cobró durante casi cuatro años. Empero, en un acta levantada por la actual gestión se asienta que nadie la conoce dentro del área donde habría laborado.
Documentos que pueden verse reproducidos en este reportaje, confirman que desde octubre de 2007 la señora cobraba con el puesto de analista en el IPM.
El primer contrato fue firmado en 2007 por América Soto, como directora del IPM, y por Felipe Cruz Espinosa, subdirector Administrativo.
Sus quincenas eran de 8 mil 950 pesos por concepto de compensación y 3 mil 326 pesos de sueldo, con aguinaldo de 27 mil 446 pesos.
No obstante, el 18 de febrero de este año se hizo una Acta Circunstanciada en el Instituto, en la cual se confirmó la inasistencia de la funcionaria.
"No conozco a la C. Lilia Guadalupe Sánchez de la Vega Ramos, la misma no se presenta a desempeñar algún trabajo o prestar sus servicios en la Dirección Jurídica, desconociendo en qué área del Instituto se desempeñe laboralmente", declara Maribel Morales Flores, analista adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos y es refrendada por Alfredo Hernández Piña, de la misma área.
El acta la firman Jesús Rodríguez, subdirector administrativo del IPM, Jorge Arrollo, subdirector jurídico, Anahí Casiano Juárez, jefa del Departamento de Recursos Humanos, entre otros servidores públicos.
El acta anterior se elaboró dado que la servidora pública en cuestión no se había presentado a trabajar.
Secretaría de Finanzas
Ana Luz Romero Vergara era analista de la Coordinación General de Adjudicaciones, pero en realidad tenía otras funciones extraoficiales, . Ganaba 15 mil pesos al mes.
Héctor Luna Castañeda era director de Recursos Materiales, Servicios Generales y Compras, con 41 mil 72 pesos pero "no se presentó durante el mes de enero y sólo acudió a la entrega-Recepción".
María Amezcia López cobraba como analista de la Dirección de Administracoón de Bienes Muebles e Inmuebles, con un sueldo de 17 mil 965 pesos, dejó de acudir los últimos meses. De relevancia será el resultado de esta investigación que arrojará seguramente más nombres y, las repercusiones legales de dichas irregularidades.