Puebla.- La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla (CDH Puebla) en coordinación
con el Congreso local buscarán reactivar la Ley
Bala en la entidad con la intención de
perfeccionar el protocolo de actuación
para casos de linchamiento que permitiría el uso
de gas lacrimógeno y bombas de gas.
Emitirán nueva recomendación
por linchamiento en Tlahuapan
21 Julio 2023
Es decir, se emitirá un mecanismo que regule
el uso de la fuerza pública, ordenamiento que
fue conocido como Ley Bala durante la
administración del exgobernador Rafael Moreno
Valle y que fue derogado en septiembre del 2018.
En entrevista, el presidente de la CDH
Puebla, José Félix Cerezo Vélez, explicó que la
propuesta se está trabajando con la diputada
local Xel Arianna Hernández García,
perteneciente a la bancada de Morena y confió en
que la misma quede lista antes de que termine el
2023.
Explicó que la idea para reformar la ley nació
tras el linchamiento cometido en Huauchinango,
en junio de 2022, donde perdió la vida el
exasesor parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN), Daniel Picazo, derivado de las
complicaciones que existieron para rescatar a la
víctima.
Se trataría de un protocolo reactivo, mismo que
sería ejecutado por un grupo especializado de
Seguridad Pública y élite autorizado para
utilizar tácticas de dispersión o disuasión,
entre ellas el empleo de gas lacrimógeno, agua a
presión o bombas de gas.
“Lo que nosotros buscamos con la diputada es
que, como está derogada la Ley Bala no hay
un manual del uso de la fuerza, nosotros
proponemos agregar un capitulo que indique esas
atribuciones: ¿esto qué significa? Que
el personal de Seguridad Pública cuando
intervenga esté autorizado por esta ley”.
Agregó que harán un trabajo minucioso para
garantizar que la propuesta no sea
violatoria de derechos humanos para quienes
participen en un intento de linchamiento y ayude
a salvaguardar la integridad de las
víctimas potenciales, por lo que confió en que
el Pleno apoye la propuesta.
El 9 de julio de 2014, durante el desalojo de
manifestantes en la autopista Puebla-Atlixco encabezado
por la Policía Estatal, elementos de seguridad
dispararon a quemarropa cartuchos de gas
lacrimógeno contra los presentes; el resultado
fue de nueve personas heridas, entre ellas José
Luis Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años que
murió días después a causa de sus lesiones.
Las personas eran originarias de San Bernardino
Chalchihuapan, una localidad ubicada en el
municipio de Ocoyucan, quienes se inconformaron
por las reformas que el Congreso de Puebla
aprobó sobre la Ley Orgánica Municipal con la
que se suspendió el servicio del Registro
Civil en las juntas auxiliares.
José Félix Cerezo Vélez señaló que el
próximo mes se presentará una nueva
recomendación por el linchamiento cometido a
finales del mes de abril en la junta auxiliar
de San Miguel Tianguistenco, en el municipio
de Santa Rita Tlahuapan.
Recordó que hasta el momento, la CDH Puebla ha
emitido cinco recomendaciones por los
linchamientos cometidos en Huixcolotla, Acatlán, Tlacotepec
de Benito Juárez, San Marcos Buenos Aires y Huauchinango.
Destacó que en el caso particular de
Huauchinango, el secretario de Seguridad
Pública, Daniel Iván Cruz Luna, se ha negado a
acatar las indicaciones de la CDH Puebla sobre
la reparación del daño a la familia de la
víctima.
Explicó que en caso de que el estado se mantenga
en omisión, de acuerdo con la Constitución, los
afectados pueden acudir a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) y presentar
una queja, lo que puede provocar que se emita
una recomendación a su superior jerárquico, en
este caso, al gobernador Sergio Salomón Céspedes
Peregrina. (e-consulta).
