22 Febrero 2024

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías financieras en 14 dependencias estatales durante 2022, último año de gobierno de Miguel Barbosa Huerta, y no justificó el gasto de 735 millones 493 mil 406 pesos, lo que ubicó a Puebla en el lugar número 10 entre los estados con más daño patrimonial.

“En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022”, indicó la ASF en la auditoría 1477.

Las dependencias con más anomalías fueron la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), que ejecutaron 45 contratos de obra pública que suman 265 millones 53 mil 98 pesos con 50 centavos.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública no justificó transferencias bancarias por 75 millones 543 mil 88 pesos con 85 centavos, tras la fiscalización de 9 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

La Secretaría de Salud tuvo anomalías por más de 55 millones debido a que se adquirieron insumos de osteosíntesis y endoprótesis, blancos y otros productos textiles, materiales y útiles de oficina y no se justificaron.

También se detectaron 3 millones 397 mil 37 pesos con 61 centavos tras la revisión de pagos realizados a cuenta de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Rural.

Hasta la misma Auditoria Superior del Estado (ASE) de Puebla tuvo anomalías, se pues le solicitó al gobierno de Puebla proporcionar información “adicional y comprobatoria” para justificar un faltante de 256 millones 785 mil 759 pesos 84 con 84 centavos, tras la revisión de 10 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios a cargo de la Auditoria Superior del Estado.

Lo anterior, de acuerdo con la Tercera Entrega de informes individuales sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, turnada a la Cámara de Diputados, en la que se detallan las 15 observaciones que fueron detectadas en la entidad.

¿Qué es lo que detectó la ASF en Puebla?

La Auditoria Superior de la Federación realizó 3 auditorías al gobierno de Puebla durante 2022. De las 15 anomalías detectadas siete son pliegos de observaciones, es decir, en las que se presume un daño patrimonial y la presunta responsabilidad de servidores públicos; y otras dos son solicitudes de aclaración, que son llamados preventivos para entregar información adicional y librar los señalamientos, así como una recomendación y y cinco Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

En la auditoria 1477, se detalla la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2022-1-01101-19-1483-16-006, por 265 millones 53 mil 98 pesos con 50 centavos, por la revisión de 45 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, celebrados a través de la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).

También indica que el gobierno estatal realizó convenios modificatorios de tiempo a dichos contratos, los cuales exceden el porcentaje permitido en la normativa, de los cuales “no se presentó el aviso a la Secretaría de la Función Pública”.

Asimismo, no se presentaron reportes de avances en actividades, reporte fotográfico y las notas de bitácora, documentación que acredite el pago de los contratos o el cumplimiento contractual por parte de la empresa contratista a través de las estimaciones.

En tanto, en la Solicitud de Aclaración 2022-A-21000-19-1477-03-001, por 31 millones 193 mil 85 pesos con 73 centavos, para que se justifique falta de evidencia documental que acredite que el lugar donde se ejecutaron trabajos de obra pública.

Tampoco se justificaron 19 millones 320 mil 937.69 pesos , pues no se contó con el título o escritura que acredite propiedad de diversos bienes, de los que no entregó pruebas fotográficas o títulos de las adquisiciones.

En la auditoria 1483 se detectaron cinco Pliegos de Observaciones por un monto mayor a los 154 millones de pesos y una Solicitud de Aclaración por más de 256 millones de pesos, debido a que no se realizó “el debido proceso de adjudicación por la falta de documentos en la integración de 72 expedientes”, como facturas, pólizas y transferencias bancarias.

Los contratos fueron emitidos por la Auditoría Superior del Estado, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial; la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Turismo, los Servicios de Salud, la Universidad Interserrana de Ahuacatlán, la Universidad Tecnológica y la Secretaría de Planeación y Finanzas.

De estos, en el Pliego de Observación 2022-A-21000-19-1483-06-001 se presume un probable daño patrimonial de 27 millones 679 mil 498 pesos con 52 centavos a cargo de la Secretaría de Salud. En el expediente 2022-A-21000-19-1483-06-004 se detalla un faltante de 19 millones 320 mil 937 pesos con 69 centavos pagados por la Secretaría de Planeación y finanzas.

El Pliego de Observaciones 2022-A-21000-19-1483-06-003 describe un presunto quebranto de 28 millones 337 mil 60 pesos con 25 centavos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, almacén y el resguardo de bienes estatales.

El expediente 2022-A-21000-19-1483-06-005 indica un faltante de 3 millones 397 mil 37 pesos con 61 centavos tras la revisión de pagos realizados “a cuenta de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Rural, relativos al mantenimiento y conservación de inmuebles. También por la falta de documentación sobre adjudicaciones realizadas a través de la Secretaría de Infraestructura y la CEASPUE.

En el folio 2022-A-21000-19-1483-06-002 se indica la falta de aclaración de 75 millones 543 mil 88 pesos con 85 centavos, tras la fiscalización de 9 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Seguridad Pública por no justificar transferencias bancarias ni transparentar el listado de los talleres mecánicos que dieron mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos arrendados de la dependencia.

En tanto, en la Solicitud de Aclaración 2022-A-21000-19-1483-03-001, la ASF le solicitó al gobierno de Puebla proporcionar información “adicional y comprobatoria” para justificar un faltante de 256 millones 785 mil 759 pesos 84 con 84 centavos, tras la revisión de 10 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios a cargo de la Auditoria Superior del Estado.

De acuerdo con la auditoría 1485, a través del Pliego de Observaciones 2022-A-21000-19-1485-06-001, se realizó la revisión de 11 contratos celebrados a través de la Secretaría de Salud Estatal, detectando un presunto daño patrimonial por 28 millones 183 mil 840 pesos.

Los proyectos fueron adjudicados mediante el proceso de invitación al menos a tres personas con los que se adquirieron insumos de osteosíntesis y endoprótesis, blancos y otros productos textiles, materiales y útiles de oficina, material de limpieza, servicio de diagnóstico, entre otros, pero no se proporcionó evidencia de la difusión de las invitaciones en el CompraNet. (e-consulta).