30 Septiembre 2022  

PUEBLA, Pue. (apro).- La reportera Kara Castillo fue despedida del portal de noticias El Ciudadano a sólo cuatro días que publicara la nota sobre las dos escuelas que instaló desde 2019 el Conafe en el interior del rancho San Miguel Tepequexpa, propiedad del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, la periodista, con más de 15 años de trayectoria y especializada en temas de transparencia, dijo que tuvo que publicar esa investigación en el portal e-consulta ya que, por su línea editorial, era uno de los contados medios de comunicación de Puebla que lo divulgaría.

No obstante, señaló que sabía que al publicar corría el riesgo de ser despedida de El Ciudadano pues los directivos de ese medio ya le habían advertido que, si su nota incomodaba al gobernador y pedían “su cabeza”, se quedaría sin trabajo.

Ahora El Ciudadano argumenta que ella incumplió con la condición de exclusividad que le había impuesto esa empresa, sin haber firmado un contrato, pese a que Castillo avisó al director que iba a publicar su trabajo en otro medio por el valor periodístico e informativo que éste tenía y porque sabía que, por su línea editorial, ese medio no lo iba a sacar.

La nota publicada por Kara Castillo causó revuelo en Puebla pues puso en evidencia un posible tráfico de influencias por parte del mandatario poblano ya que las escuelas del Conafe, que se supone atiende a zonas de alta marginalidad, empezaron a operar en el interior de su rancho -para atender a los hijos de sus trabajadores – en 2019, ya cuando Barbosa era gobernador. 

Además, la investigación firmada por Castillo dio cuenta del injusto despido del maestro indígena Erasmo Trujillo Valderrama, quien en ese entonces cuestionó ante sus superiores de la Secretaría de Educación de Puebla (SEP) sobre la regularidad de esos centros comunitarios, una primaria y un preescolar, pues a 250 metros había en operación otras escuelas que en ese ciclo escolar redujeron su matrícula.

La periodista relató que por varios meses presentó solicitudes de información ante el Conafe y que, cuando pudo documentar todo, de antemano sabía que no se publicaría en El Ciudadano.

“Les dije (a los directivos de El Ciudadano) que tenía una investigación pendiente de publicar en otro medio y el director (Héctor Palma) me preguntó: ¿le pega al gobernador? Cuando le respondí que sí, me dijo que lo sentía pero que, si desde el gobierno le pedían mi cabeza, yo quedaría fuera”, contó Castillo.

Aunque la reportera reconoció que no tiene evidencia de que desde el gobierno estatal se haya pedido su despido, es inconstitucional que un medio le imponga una censura a su labor como periodista y se le condene a limitar el derecho de información que tiene la ciudadanía.

Aparte, denunció que, luego de que la nota se publicó el 23 de septiembre, fue citada el día 27 en las oficinas del portal noticioso donde le pidieron que firmara una renuncia voluntaria en la que aceptaba tener la responsabilidad por incumplir con la exclusividad, a pesar de que, aseguró, nunca se firmó un contrato en ese sentido.

Al rechazar firmar esa “renuncia” y alegar que realmente era un despido, la empresa le ha retenido el salario de la quincena que ya trabajó, en clara violación a sus derechos laborales.

Aceptó que de antemano sabía que, por la situación que priva en los medios de comunicación en Puebla, la publicación de esta nota que incomodaba al gobernador, podría costarle el trabajo, pero lo mínimo que esperaba era que se respetaran sus derechos como trabajadora.

“Tampoco era opción someterme a la auto censura”, declaró Castillo, “en estos tiempos, en Puebla los periodistas trabajamos en vigilancia y amenaza constante, pero como lo dijo Flores Magón ¿cuándo el periodismo no ha estado bajo asedio?”.

Por su parte, Héctor Palma, director de El Ciudadano, negó que hayan despedido a Castillo porque lo haya pedido el gobierno del Estado, sino por haber incumplido el compromiso de exclusividad que tenía con ese medio, aunque no especificó que tuvieran firmado un contrato. 

“Ella prefiere inventar la historia de que la estamos sancionando por un reportaje específico y no reconocer su actuación desleal con nuestro medio”, señaló el directivo.

“Me comentó, creo que a principios de agosto que pensaba publicar algo en otro medio. No me dijo ni de qué se trataba ni en qué medio lo haría, en ese momento yo le dije: Kara tenemos un acuerdo, si no lo respetas deberás presentar tu renuncia”, señaló Palma en respuesta al cuestionamiento de por qué ahora se le piden a la reportera que firme una renuncia voluntaria.

Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, consideró que el despido de Kara Castillo se da en el contexto de control de medios de comunicación y censura que se ejerce desde el gobierno de Barbosa Huerta.

“El acoso, control y persecución es tal, que los medios que tienen convenios publicitarios todo el tiempo están bajo el asedio de la directora de comunicación de gobierno del Estado, Verónica Vélez, quien hace constantes llamadas para quejarse de cualquier nota y para pedir que bajen información. No quieren que toquen a Barbosa ni con el pétalo de una rosa y los medios temen que en cualquier momento puedan caer de su gracia”, explicó.
Incluso, señaló que desde el gobierno se monitorean las redes sociales personales de los reporteros y Vélez Macuil se queja ante los directivos de los periódicos sólo porque alguno envió un tuit de crítica hacia el gobierno morenista. (Proceso).