Cierran el convenio de pago a ahorradores defraudados por Coofia
La mañana del miércoles 3 de noviembre, en las oficinas centrales de la Procuraduría del Ciudadano, iniciaron los trabajos tendientes al proceso de cierre del convenio de pago signado entre el FIDEPAGO, organismo del Gobierno Federal, y el Gobierno del Estado, a favor de los miles de ahorradores timados por Coofia.
Ahí se reunieron, bajo la supervisión del Procurador del Ciudadano y representante del Gobierno del Estado ante FIDEPAGO, Martín Fuentes Morales, la Subcomisionada del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago, FIDEPAGO o Fipago), María Irma Caminos Chávez, el responsable de los Centros de Atención (CEATS) en Puebla, Eduardo Remus del Castillo y personal de la subdelegación de la Secretaría de Evaluación, Desarrollo y Control de la Administración Pública (SEDECAP).
Al inicio de los trabajos, Fuentes Morales resaltó lo importante de formalizar y concluir ante el Gobierno Federal el cierre del proceso de pago a ahorradores de Coofia, ya que con ello, dijo, se podrá signar el convenio en apoyo a afectados por Grupo Bienestar Social La Paz, donde –explicó, no sólo se requiere la voluntad de los gobiernos, si no satisfacer una cantidad considerable de requisitos.
Entre esos requisitos –abundó, está el que los diputados aprueben una partida en el presupuesto de egresos de 2011 para tal fin, pues al momento de signar el convenio, al día siguiente, se tiene que depositar el dinero a que se obliga la autoridad estatal, “es algo que nadie ha puesto el dedo en la llaga, para que firmar el convenio si no se tiene la previsión económica para su respaldo; el Congreso del Estado debe aterrizar en números lo que hoy es una promesa para los afectados; y así, se den las condiciones jurídico administrativas y se pueda firmar el convenio”.
Pero lo primero, insistió, es cerrar el caso Coofia a vista de las instancias fiscalizadoras y de cualquier persona, como un proceso ejemplar a nivel nacional y una muestra de lo que puede hacer el trabajo conjunto del Gobierno Federal y del Estado en apoyo de un grupo importante de personas que fueron afectados en su patrimonio por la ex financiera en cuestión.
En tanto, la Subcomisionada del FIDEPAGO, María Irma Caminos Chávez indicó que su presencia obedece a iniciar los trabajos conjuntos con los representantes del Gobierno Estatal para llevar a cabo el cierre del Convenio de Coordinación de Pago a Ahorradores apegado a la normatividad aprobada; y para dejar respaldada toda la transparencia y limpieza del proceso, de tal manera, añadió, que la ciudadanía y los órganos auditores tengan toda la evidencia del cabal cumplimiento de la tarea de apoyo a las y los afectados por Coofia; además, que se haya efectuado la entrega de los recursos económicos a las y los beneficiarios, tal y como lo marca la ley del Fideicomiso Pago.
Para concluir el proceso –explicó- se hará una metodología de conciliación de cifras y de los recursos realmente entregados a los ahorradores; se firmará una acta de cierre, donde, tanto la Federación como el estado de Puebla, darán constancia de los logros del Convenio de Coordinación; y, finalmente, se integrará un “libro blanco” con los documentos que dan fe de la transparencia del proceso.
El libro blanco -detalló- será conservado tanto por el Gobierno del Estado como la Federación, ya que en él se sustenta las revisiones que los órganos fiscalizadores realicen en los dos niveles de gobierno. Hasta el momento, aseveró, no hay observación alguna, la transparencia del proceso –resaltó- va sin ninguna observación sustantiva; y se espera que este cierre se pueda culminar a finales del presente mes de noviembre.
Más tarde en entrevista con medios, Martín Fuentes Morales al preguntársele sobre el cierre del proceso de pago a defraudados por Coofia y del apoyo a los afectados por Grupo Bienestar Social La Paz, respondió que la Procuraduría del Ciudadano ha demostrado en los hechos que ejerce sus facultades de manera oportuna; sin embargo, manifestó hay otras instancias que deben de ejercer sus facultades en idénticas circunstancias.
Ante la insistencia de los medios sobre el hecho de la que la Secretaría de Finanzas declaró que recientemente inició la auditoria a Grupo Bienestar Social La Paz, el funcionario aclaró, la auditoria no ha iniciado; apenas Finanzas logró contratar a la empresa auditora que es BDO Hernández Marrón y Compañía S. C.; la auditoria –remarcó, no ha iniciado por cuestiones judiciales, “estamos en manos del Poder Judicial”, instancia que determinará, en su momento, dar las facilidades para que inicie la multicitada auditoria, “no podemos generar falsas expectativas a las personas”, concluyó.