Caseros aumentan la renta de manera abusiva, pretextando supuesta alza en los impuestos

Incremento de solicitudes de asistencia jurídica registra la Procuraduría del Ciudadano ante juicios de desahucio (desalojo de inquilinos) en lo que va del presente año; la causa que argumentan las y los usuarios, es que los caseros les imponen aumento abusivo en la renta, pretextando supuesta alza en los impuestos.

Es por ello, que el Procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, sentenció que en caso de abuso por parte de los arrendadores (propietarios de la vivienda o local), las y los arrendatarios (inquilinos) que lo soliciten, tendrán el respaldo jurídico, profesional, oportuno y eficaz de la institución.

Que se entienda bien, subrayó, el Gobierno del Estado siempre sensible a los reclamos de la población, estará pendiente de que se aplique de manera correcta la ley; y en el caso de los contratos de arrendamiento, que no haya abusos por parte de los propietarios de los inmuebles materia del acuerdo de voluntades.

Por su parte, el director del área Civil y Mercantil de la Procuraduría del Ciudadano, Alberto López de la Barreda, indicó que en lo que va del presente año, las y los defensores públicos a su cargo, han atendido 108 asuntos referentes a abusos en el aumento de la renta por parte de los caseros; cifra, dijo, que es un ciento por ciento mayor a la registrada en los dos primeros meses del año pasado.

La queja más recurrente, señaló, es que dicen los inquilinos, que los caseros les quieren aumentar hasta el doble la renta, sin que ello esté estipulado en el contrato; al margen de que los propietarios quieren que los arrendatarios paguen parte o la totalidad de los impuestos, predial, agua, recolección de basura, etcétera.

Comentó, que, también de acuerdo a versiones de las y los usuarios, en unos casos, la actitud que asumen algunos caseros para presionar el pago de la renta o el desalojo del o los inquilinos, llega a lo aberrante, pues les cortan el agua o el suministro de energía eléctrica o cierran con candado los accesos al sanitario comunal o lavaderos, lo que en sí –sostuvo- constituye un delito; y en otros; les envían “abogados” que les amenazan “con refundirlos en la cárcel si no desalojan la vivienda y pagan las rentas atrasadas”.

López de la Barreda, puntualizó que la ley plasma que el aumento de la renta deberá está sujeta a un porcentaje mínimo de acuerdo al incremento al salario, por eso, hoy en día, hablar de un alza mayor al 10 por ciento, es un abuso; este fenómeno se viene dando en casas habitación, sobre todo en zonas donde el conglomerado es de escasos recursos económicos. Recomendó que ningún inquilino se vaya del lugar que renta sin que medie una sentencia ejecutoriada que así lo determine.

Explicó que en primera instancia, la Procuraduría del Ciudadano cita al propietario del inmueble, se habla con el y se le hace ver las irregularidades que comete, lo que ha dado, aseguró, buenos resultados, ya que se han trabado varios convenios; de haber reticencia por parte del arrendador, se está a la espera que llegue la demanda del juicio de desahucio para dar puntual contestación; y en caso de existir ya un proceso, se comparece ante el juez para lograr que se otorgue tiempo suficiente al inquilino para encontrar una vivienda que rentar, “finalmente se tendrá que ir”.

Si alguna persona tiene problemas con su arrendador, puede acudir a las oficinas del área Civil y Mercantil de la Procuraduría del Ciudadano, localizada en oficinas centrales, sito, 14 norte No. 205, barrio de la Luz, en esta ciudad, con horario de atención al público de las 8:00 a las 16:00 horas, en días hábiles.